Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno de España ha sido eliminar el polémico canon digital que gravaba la venta de soportes y reproductores de contenidos multimedia. Ya era hora, porque los tribunales confirmaron que se trataba de un abuso.

El penúltimo día de 2011, el Gobierno de España anunció la eliminación del canon digital que gravaba desde 2007 las compras de CD y DVD, reproductores MP3, discos duros, teléfonos móviles, etc. En su lugar, el Gobierno creará una Comisión de Propiedad Intelectual encargada de perseguir la piratería en los contenidos y compensará debidamente a los autores afectados mediante una partida económica que saldrá de los Presupuestos Generales del Estado.

Termina así un impuesto que fue polémico desde su creación, ya que la tasa se aplicaba a todos los equipos y soportes capaces de almacenar ficheros digitales, sin diferenciar entre los destinados a datos personales o empresariales y los que se usaban para copiar información protegida por los derechos de autor. Esto provocó una sucesión de protestas, pleitos y sentencias judiciales desfavorables que han hecho necesario buscar un sistema más justo.

En este sentido, el Tribunal de Justicia Europeo sentenció en 2010 que el canon digital español suponía un abuso por su carácter indiscriminado, lo cual creó una jurisprudencia que otros tribunales usaron para absolver a empresas que se negaron a abonar la controvertida tasa.

Solución poco satisfactoria
Sin embargo, la desaparición del canon digital no marca el final de la controversia relativa a cómo compensar a los autores por las altísimas tasas de piratería digital en España. En dos meses entrará en vigor la ley Sinde, llamada así debido a que la impulsó la ex Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde. Esta normativa permitirá denunciar y cerrar rápidamente las páginas web que vulneren los derechos de autor. Sin embargo, el procedimiento no convence a algunos grupos usuarios de Internet, ya que consideran que ofrece pocas garantías jurídicas.

Por otro lado, tampoco ha gustado que la ley Sinde permita bloquear direcciones IP de empresas consideradas infractoras, ya que algunos detractores piensan que podría servir para censurar determinados contenidos que no interesen al Gobierno de turno. Finalmente, tampoco está claro qué cantidad abonará el Estado a los autores como compensación por la piratería a cargo del bolsillo de todos los ciudadanos, ni durante cuánto tiempo; o quién controlará el buen uso de estos fondos, tras el escándalo de corrupción en la Sociedad General de Autores que ha abanderado la defensa de la propiedad intelectual en España. ¡Seguiremos informando!